Breves apuntes para una Teoría Jurídica Crítica
Publicado : 2016-06-17

Daniel Quiñonez Oré
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Maestría en Antropología por la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la citada universidad. 

Perú es quizá uno de los pocos países de Latinoamérica en donde el análisis jurídico sigue encarpetado en la dogmática, el positivismo y la exégesis. Basta dar un vistazo a las revistas jurídicas que circulan en el país para darse cuenta que la gran mayoría de ellas, brinda una visión tradicional del Derecho. Artículos que hablan de instituciones jurídicas adoptando un marco normativo y positivista, comentarios a jurisprudencias, y análisis de dogmática. Nada más.

Si queremos indagar sobre investigaciones y análisis que rebasen el plano formalista antes señalado, encontraremos uno que otro artículo escrito desde el Análisis Económico del Derecho, que en nuestro país, se ha presentado como la corriente que hace frente a los estudios mencionados en el primer párrafo y que, dicho sea de paso, en todo debate siempre termina ganando. 

Si seguimos buscando alguna revista o corriente distinta a las antes señaladas, no encontraremos ninguna. Y eso es lo que nos diferencia de otros países de la región. Si indagamos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, podremos encontrar otras opciones dentro de la teoría jurídica. Opciones que, desde un enfoque interdisciplinario, buscan brindar al estudio del Derecho nuevas perspectivas, acercándolo hacia las Ciencias Sociales.

Basta navegar en la web para darse cuenta de que en diversos países de Latinoamérica, menos el Perú claro está, existe toda una corriente de opinión que busca acerca al Derecho a la realidad social, dejando atrás los análisis positivistas y dogmáticos, vinculando su estudio al análisis ideológico, cultural, social y político. Y a esto último es a lo que llamó "Teoría Jurídica Crítica". 

No existe en el Perú esbozo alguno de teoría jurídica crítica. No existe algún movimiento o corriente de opinión sólida que busque brindar un enfoque alternativo de estudio y análisis del Derecho. Quizá esto sea consecuencia también de que somos, probablemente, el país más reaccionario de la región. Quizá, es una hipótesis. Sin embargo, dicha afirmación, no tiene visos de una mejoría. Basta ver el programa de estudios de la mayoría de facultades de Derecho en nuestro país. 

Ante la envidia sana que me provoca el debate jurídico en otros países y después de leer y revisar algunos aportes desde la llamada Teoría Jurídica Crítica, me he permitido señalar algunas características que la construcción de una teoría jurídica crítica nacional podría adoptar. Y hago referencia a una teoría jurídica crítica, toda vez que asumo que existen varias. La teoría jurídica crítica se ha ido construyendo desde los aportes marxistas, neomarxistas, postmodernos, feministas, postcoloniales, etc. De allí que no crea en la existencia de una sola teoría jurídica crítica. 

En atención a ello, el presente ensayo presenta una suerte de propuesta metodológica,  si cabe el término, que propondría para la construcción de una teoría jurídica crítica en nuestro país. Dicha propuesta metodológica consiste en lo siguiente:

No neutralidad en la construcción y análisis del Derecho. 

"Tesis sobre un Homicidio" es una película argentina estrenada en nuestro país el año 2013. En dicha película Roberto Bermúdez (interpretado por Ricardo Darín) mantiene un diálogo sobre la justicia con Gonzalo (interpretado por Roberto Ammann). Gonzalo, en el diálogo señalado, manifiesta lo siguiente:

"El mayor engaño de las sociedades modernas es hacernos creer que lo legal es justo; el problema es que las leyes y la noción de justicia están establecidos por un grupo de personas que lo único que buscan es sostener su poder. Lo que digo es yo puedo aplastar una mariposa y retorcerla hasta que muera y eso no es ilegal, ahora si esa mariposa pertenece a una colección invaluable de algún multimillonario puedo ir preso. No es el acto en sí lo que se juzga, la ley no nos protege de un hecho aberrante, la ley sólo interviene si ese hecho aberrante amenaza la voluntad de poder". (Tesis sobre un Homicidio, 2013).

Si bien estamos ante una película de ficción, el diálogo no deja de resonar en nuestras mentes. En efecto, la noción de justicia sobre la cual el Derecho se erige, está íntimamente relacionado al Poder, el cual decide qué acto se juzga o no como justo en un determinado contexto. 

Lo mencionado revela un punto a tomar en consideración. El Derecho no es neutro. Lo que conocemos como Derecho y lo que se presenta y analiza como Derecho en diversas investigaciones y análisis, lejos de presentarse como una apuesta objetiva y neutra, no lo es. La técnica jurídica, sobre la cual se erigen las diversas instituciones jurídicas está indudablemente relacionada a la noción de poder e ideología. La manera como entendamos y presentemos una institución jurídica, llámese contrato, propiedad, delito, entre otras, siempre se encuentra concebida dentro de un marco teórico, el cual no es ajeno a la adopción de un marco ideológico y axiológico. 

Si queremos hablar de manera más general sobre el tema, tendríamos que hablar de la producción del conocimiento en general y la manera en que este se construye. Para ello, remitirse a Foucault es casi imperativo:

"Si se quiere realmente conocer el conocimiento, saber que es, captarlo en su raíz, en su producción, uno debe acercarse no tanto a los filósofos, cuanto a los políticos, se debe comprender cuales son las relaciones de lucha y poder. Únicamente en estas relaciones de lucha y de poder; en el modo como las cosas y los hombres se odian, luchan, intentan dominase unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos sobre otros, es como se comprende que en consiste el conocimiento" (Foucault: 1999, 181).

Lo señalado por Foucault no resulta nuevo. Ya Tomas Khun lo había advertido en su libro "La estructura de las revoluciones científicas", en el cual presenta a la noción de "paradigma", como un postulado que se entiende construido por una serie de logros y trabajos que lo erigen como el supuesto dominante. La construcción de un paradigma, qué duda cabe, se construye en base a luchas, peleas y controversias a efectos de erigir la supremacía de un saber o conocimiento (Khun: 2003).

Si es que asumimos que todo conocimiento o saber nace y se erige como consecuencia de un contexto de poder, ¿porque tendríamos que dudar que el saber jurídico también se erige así? En efecto, la circulación de teorías, libros, y en general conocimiento jurídico, no resulta ajeno a lo mencionado. Es por dicho motivo, que postulo que el conocimiento jurídico per se no resulta neutro. La construcción de teorías jurídicas y la creación misma del Derecho no escapa a la lógica antes mencionada. 

Edward Said tiene una opinión muy interesante sobre el tema:

"Ahora me interesa señalar que el consenso general y liberal que sostiene que el conocimiento "verdadero" es, fundamentalmente, no político (y que, a la inversa, el conocimiento abiertamente político no es verdadero), no hace más que ocultar las condiciones políticas oscuras y muy bien organizadas que rigen la producción de cualquier conocimiento (...)" (Said: 1990: 31).

La opinión de Said es pertinente para aquellos que consideran que el conocimiento jurídico resulta neutro y apolítico. Aquellos que realizan dogmática jurídica, asiduamente manifiestan que solo discuten y analizan instituciones jurídicas desde un punto de vista teórico, a efectos de propiciar mejores soluciones. A ellos, les resultaría importante conocer la opinión de Duncan Kennedy, quien señala:

"(...) Pero es muy importante subrayar que creer en una doctrina coherente y racional equivale a creer que las instituciones básicas del capitalismo son racionales y coherentes. Aseverar que la propiedad privada, los contratos y la responsabilidad civil son racionales es aseverar que el capitalismo es racional, que entendemos como racional un sistema basado estrictamente en la propiedad privada, el libre intercambio y la estricta limitación de toda clase de deberes colectivos o comunitarios de las personas entre sí" (Duncan Kennedy: 2012, 29).

Así las cosas, creer que el conocimiento jurídico expresado en el análisis dogmático o positivista del Derecho no resulta tributario a ninguna ideología o política, resulta equivocado. De la misma manera, lo señalado se puede aplicar al Análisis Económico del Derecho. Concepto como el de eficiencia, el cual busca reemplazar al de justicia, lejos de constituirse como un concepto objetivo y neutro, resulta influenciado también por determinada ideología, en el caso de nuestro país, de raigambre neoliberal. 

Somma es claro al respecto:

"El análisis económico del derecho perpetua - en honor de su inspiración funcionalista - modelos de reflexión de matriz positivista, es decir, afectados por un cientificismo. Lo hace con afirmaciones que no ponen en discusión el cuadro cultural que enmarca el recurso al análisis económico del derecho. En efecto, este es considerado como "la ideología liberal mejor elaborada y más completa" o, en otras palabras, el instrumento por medio del cual maximizar los valores "burgueses". (Somma: 2006, 83).

La pretendida objetividad del Derecho, a la cual se le suele proteger bajo la denominación de ciencia, no quiere ver que la construcción y análisis de este, se encuentra decididamente influenciado por la subjetividad de los agentes y por el contexto en el cual se está presente. Derecho, ideología y política hacen que no se lo pueda concebir de manera neutra.

Política e ideología en el análisis del Derecho. 

Una marca de identificación de los estudios jurídicos críticos es, sin lugar a dudas, relacionar el análisis y las investigaciones jurídicas al plano ideológico y político, puesto que se entiende que toda construcción jurídica, expresada ya sea mediante un proyecto normativo que se convierte en norma jurídica, o mediante un libro o artículo académico, se encuentra concebida dentro de un marco teórico que obedece a determinada forma de hacer política y, por ende, a determinada ideología.

En el apartado anterior he hecho referencia a la no neutralidad en el análisis, estudio y concepción del Derecho. Esta no neutralidad se encuentra íntimamente relacionada a que los discursos jurídicos no son ajenos a presupuestos ideológicos y políticos. Toda construcción teórica se alimenta de ideología y de política. Así, la manera en que una norma jurídica se encuentre concebida, cómo la interpretación que los operadores jurídicos le brinden a ella, se encuentra irremediablemente influenciada por la concepción ideológica o política que se tenga al respecto.

Carlos Antonio Wolkmer, al respeto manifiesta:

"La "teoría crítica" es importante en tanto atribuye relevancia al sentido sociopolítico del derecho, es decir, una plena eficacia al discurso que cuestione el tipo de justicia expuesto por cualquier ordenamiento jurídico. Se debe entonces desprender una formulación aceptable y satisfactoria como discurso que insista en el sentido ideológico del derecho, en la medida en que éste sea responsable de prescripciones normativas desvirtuadas por las relaciones. La estrategia discursiva no niega la "apariencia real" del fenómeno jurídico, sino que procura revelar los intereses y las contradicciones que se ocultan tras una estructura normativa. La crítica se legitima en el momento en que es competente para distinguir, en la esfera jurídica, el "nivel de apariencias" (realidad normativa) de la "realidad subyacente" (o subrayar aquello que no está prescrito pero que existe)". (Wolkmer: 2003, 32).

Los estudios jurídicos críticos, a diferencia de los análisis tradicionales del Derecho, tienen por objetivo desentrañar el plano ideológico y político sobre el cual se cimenta determinada teoría o postura académica. Busca deconstruir los conceptos y discursos que sustentan determinada posición jurídica.   

Ruíz, al respecto, señala:

"Los críticos cuestionan la tradición teórico-jurídica que enfatizó los aspectos formales del derecho, olvidando sus aspectos finalistas; que desconoció el fenómeno de su historicidad, de su articulación con los niveles de la ideología y el poder; que negó toda cientificidad a un análisis de la relación entre derecho y política. Sin embargo, no dejan de advertir que es la propia estructura del discurso jurídico la que enmascara y disimula el poder, y habilita las interpretaciones que garantizan ese ocultamiento y que contribuye a la preservación de las relación entre derecho y poder".  (Ruiz: 2009, 12).

El objetivo de las teorías jurídicas críticas no es otro que el de politizar el Derecho. Es decir, manifestar que el discurso jurídico esgrimido no es ajeno al Poder, la política ni a la ideología. 
 
Interdisciplinariedad en el estudio y análisis del Derecho.

Una teoría jurídica crítica es consciente de la importancia de que el conocimiento jurídico dialogue con otras disciplinas. No se concibe al Derecho como un conjunto de postulados cerrados e inconexos que no atienda los avances y estudios desarrollados en otras disciplinas. 

Si se entiende que el Derecho es el máximo orden normativo (desde una posición monista, claro está) que regula las relaciones sociales existentes, no puede ser tolerable que su desarrollo y avance no tome en cuenta los aportes de la Sociología, Antropología, Ciencia Política, Economía, entre otras disciplinas sociales. 

Lo mencionado, tiene mayor sustento en el contexto social de nuestro país,  en donde el índice de conflictividad social es elevado y la diversidad cultural plantea retos mayores que hacen que el regular y normar sea una actividad que necesite del diálogo con otras disciplinas. El diálogo que planteamos busca acercar al Derecho a la realidad social, toda vez que desde  mi punto de vista, el conocimiento jurídico que se ha venido construyendo en nuestro país, ha estado enfocado mayormente en cuidar la coherencia de la estructura normativa y las teorías, así como el vigilar el cumplimiento estricto de lo señalado en la Ley. 

Lo señalado, ha sido denunciado de manera bastante certera por Gorki Gonzales, quien al analizar y revisar varios planes de estudio de enseñanza del Derecho, señala al respecto:

"Varios años después de la experiencia de la reforma de los años setenta, la enseñanza en las facultades de Derecho del Perú parece haberse mantenido, en líneas generales, ajena y distante de las demandas sociales. Esta visión, articulada a la idea del Derecho como ciencia, se ha visto alimentada en el proceso pedagógico por la separación entre el saber teórico - o dogmática jurídica - y el sentido que el Derecho adquiere en su contacto con la vida social: el primero, correspondiente al ámbito de lo académico; el segundo, ubicado al margen de este" (Gonzales Mantilla: 2008, 39).

Lo mencionado por Gonzales Mantilla, es confirmado por Courtis quien en un análisis de la formación académica jurídica en Latinoamérica, señala lo siguiente:

"Desde el punto de vista del método de enseñanza, la tendencia hegemónica en la formación jurídica de la región reproduce los cánones del formalismo jurídico europeo:
- Se concede una importancia central a la memorización del contenido de normas, fenómeno que trasmite un juicio implícito, sea del carácter "racional" de la legislación, sea de la legitimidad de su contenido;
- Se asigna particular énfasis a la enseñanza de "teorías generales" formalizadas, destinadas a dar cuenta de los rasgos fundamentales de cada rama o institución jurídica;
- El estudio de la jurisprudencia o derecho judicial tiene un lugar secundario, destinado simplemente a completar algunas dudas o puntos oscuros que puedan desprenderse de la exposición del "sistema" o de las "teorías generales";
- Aún más recóndito es el espacio pedagógico concedido a la sociología normativa, al estudio de la efectividad de las normas vigentes o a la sociología de aquellas prácticas que reemplazan efectivamente las ordenadas normativamente por el derecho oficial vigente;
- Como consecuencia del efecto conjunto de la epistemología positivista y del énfasis pedagógico del formalismo, la discusión interdisciplinaria tiene un lugar nulo o marginal en la enseñanza del derecho. Esto redunda, por ejemplo, en la consideración del derecho oficial vigente como un dato fijo y en el escaso estímulo para discutir la legislación desde ángulos de justificación distintos a los de su mera vigencia, como el moral, político, económico, sociológico o antropológico;
- Por último, el lugar que ocupan en la enseñanza del derecho materias tales como la filosofía del derecho, la economía política, la sociología o la historia es también marginal, sirviendo apenas como barniz de "cultura general" que complementa el carácter central del aprendizaje de las materias codificadas". (Courtis: 2003, 77,78)

La descripción esbozada por Courtis resulta totalmente aplicable a los estudios jurídicos en nuestro país y a los planes de estudios de las universidades que ofrecen la carrera de Derecho. Demás está mencionar que los planes de estudio no escapan de la formación positivista y, hasta algunos  casos, exegética que brindan las universidades. Cursos como los de Sociología Jurídica, Antropología Jurídica, Ciencia Política, Género y Derecho, Teoría Jurídica Crítica, brillan por su ausencia y, si están contemplados, son considerados planteamientos residuales que no tienen el mayor atractivo y esfuerzo. 

La formación jurídica y el estudio del Derecho son considerados fines en sí mismos. Basta solo tener una formación que tenga como base la enseñanza de las instituciones jurídicas, mediante la dogmática, el positivismo y el análisis de la jurisprudencia para entender por finalizado el aprendizaje. Ello no basta. El Derecho como herramienta de regulación de la sociedad, debe conocer inexorablemente los análisis elaborados por otras disciplinas sobre el contexto en el cual pretende establecer su supremacía legal. El Derecho regula la realidad social, sin entender su práctica y sus dinámicas. 

Lejos de acercarse a la problemática social existente, los planes de formación jurídica cierran las puertas a la interdisciplinariedad. Los discursos jurídicos críticos van en busca de la interdisciplinariedad, puesto que entienden que el Derecho necesita de otras herramientas sociales que lo ayuden a comprender de la mejor manera el contexto y las dinámicas sociales que pretende regular. 

Trabajo de campo. 

Algo que se encuentra íntimamente relacionado con la interdisciplinariedad a la cual he aludido en el apartado anterior, es a la necesidad de que los estudios y discursos jurídicos se sustenten en trabajos de campo. En efecto, en nuestro país, brillan por su ausencia las investigaciones que tomen conciencia de la necesidad de que sus postulados ostenten una base empírica que pueda validar sus conclusiones e ideas.

En nuestro país se considera que la revisión de jurisprudencia constituye la única manera en que el operador jurídico analice la practicidad. Es decir, lo que pasa en la realidad social. Ello, a mi parecer constituye un error, toda vez que la jurisprudencia no deja de ser la construcción de un discurso que presenta de manera parcializada una realidad a efectos de legitimar la decisión adoptada. Ni qué decir del lenguaje excesivamente formalista a la que se encuentra acostumbrada la jurisprudencia nacional.

Cuando me refiero a la necesidad de realizar trabajo de campo en las investigaciones jurídicas, aludo a la necesidad de constatar los conceptos, teorías y propuestas teóricas asumidas con análisis y diagnósticos sociales. Ir a campo y comenzar a utilizar metodologías cualitativas y cuantitativas que coadyuven a que los estudios realizados puedan ser contrastados con lo que pasa en realidad. 

Para el operador jurídico la experiencia de campo será gratificante. Así, Augé señala que:

"Para quien la práctica, la experiencia de campo provoca una doble pero beneficiosa incomodidad. En primer lugar una incomodidad material, que le permite comprender que no hay una única definición previa de lo que sería la vida normal. Y, en segundo lugar, una incomodidad más arriesgada, la de verse obligado a rasgar el tejido de hábitos e ideas preconcebidas que le protegía hasta entonces".  (Augé: 1998, 82)

El trabajo de campo constituye una herramienta fundamental para escapar del análisis dogmático y formalista existente en el Derecho, puesto que rebasa el plano institucional sobre el cual tradicionalmente se sustenta su análisis, para dar visibilidad a las prácticas y dinámicas plasmadas en la realidad social.  El trabajo de campo será una herramienta útil a efectos de proponer una investigación crítica, la cual tendrá como finalidad partir de la realidad social a efectos de poder cuestionar los postulados que desde el Derecho se nos presentan asiduamente como abstractos y universales.

Como lo he mencionado, el trabajo de campo implica la utilización de herramientas metodológicas cualitativas (etnografía, entrevistas a profundidad, entrevistas libres, etc.) y cuantitativas (encuentras, focus groups, etc.), las cuales ayudarán a comprender y procesos los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

A lo que apuntaría una teoría jurídica crítica es a realizar investigaciones, en las cuales el trabajo de campo sea parte esencial de su discurso. Ello, implica la realización de una metodología que no ha sido utilizada en la mayoría de investigaciones jurídicas en nuestro país. 

El ejercicio y práctica profesional del Derecho como una propuesta de acción política. 

De nada sirve si leemos, releemos y aprendemos de memoria lo descrito líneas arriba, sino lo internalizamos y lo ponemos en práctica. De nada sirve si estudiamos, si tenemos nuestros títulos académicos y nos encerramos en las aulas universitarias o formemos nuestro círculo académico crítico, en el cual nos reunamos una vez al mes a dialogar y no materialicemos en la práctica nuestras propuestas. De nada sirve ello, si no salimos a las calles a expresar y forjar nuestro discurso. ¿Y de qué manera se hace ello? Pues participando y organizándose colectivamente. 

En la experiencia jurídica crítica latinoamericana se han dado manifestaciones más que interesantes, en la forma como el discurso jurídico crítico puede expresarse en la práctica, más allá del espacio académico y universitario. Tenemos así, la experiencia de los abogados populares, la cual es definida de la siguiente manera:

"Esta abogacía, dirigida a los sectores bajos, enfatiza la transformación social a partir de una actividad profesional que humaniza al cliente, politiza la demanda jurídica, establece formas de colaboración entre el abogado y el cliente, crea estrategias de lucha y de resistencia y, además, anima a la organización colectiva de la clientela". (Botelho: 2002, 194). 

La experiencia señalada, va más allá de las discusiones teóricas y académicas. Resulta una propuesta de acción que busca materializar las reivindicaciones que sirven de fuente de inspiración para la creación y circulación de discursos. El patrocinio de casos a favor de sectores populares y de intereses colectivos y difusos de la ciudadanía, se transforma en una plataforma de lucha que requiere de asesoría técnica, la cual es brindada por los denominados abogados populares. 

La propuesta mencionada no se agota en la discusión académica. Sale a las calles a fin de hacer política. Y esta se realiza mediante el asesoramiento técnico y organización de casos y litigios en favor de los más necesitados. Si se entiende que el Derecho y la política están íntimamente relacionados como las conceptúan las teorías jurídicas críticas, no hay mejor manera que expresar dicho sentir, haciendo política real y no discutiendo de ella en las aulas, los libros y las revistas. Lo mencionado, pone en práctica lo sostenido por Horkheimer, quien señala que: 

"La profesión del teórico crítico es la lucha, a la que pertenece su pensamiento, y no el pensamiento como algo independiente o que se puede separar de la lucha" (Horkheimer: 2000, 51).

La experiencia de la abogacía popular en Latinoamérica se ha presentado con las siguientes características: i) Entiende que el ejercicio de la práctica legal a través del asesoramiento en litigios y organización colectiva resulta ser una propuesta política, ii) Entiende que la finalidad del asesoramiento técnico no solo consiste en ganar el caso, sino en organizar colectivamente a la ciudadanía en la defensa de sus derechos y en la consecución de sus reivindicaciones, iii) Entiende que el asesoramiento técnico debe brindarse a los sectores populares, en otras palabras, a aquellos que no pueden costear un asesoramiento jurídico de calidad, a fin de hacer frente a sus reivindicaciones (Vertiz: 2013). 

El ejercicio de la práctica jurídica crítica mediante el patrocinio de intereses populares implica una nueva propuesta epistemológica que va de la mano con la manera de sentir, pensar y entender el Derecho por parte de los discursos jurídicos críticos. En efecto, va de la mano con la propuesta interesada que los discursos jurídicos críticos exponen en su desarrollo. Va de la mano con el entendimiento de que estamos en un campo jurídico (Bourdieu: 2000), cuya dinámica es la lucha constante de discursos y prácticas en el escenario jurídico y político.

A modo de conclusión

Lo expuesto en este pequeño ensayo, constituye desde mi humilde posición, las características básicas que todo movimiento jurídico crítico debe ostentar en el espacio académico y político. Creo que es hora de que en nuestro país, aparezcan movimientos jurídicos que desde una posición crítica comiencen a producir en la academia discursos y relatos que hagan frente a las concepciones formalistas, dogmáticas y funcionalistas existentes en el Derecho.

Dicho ello, ¿Cuándo encontraremos un espacio de difusión de ideas y de prácticas críticas que se presente en la academia jurídica peruana como una propuesta alternativa que sustente técnicamente los discursos enarbolados? Ello, depende de quienes asuman y se comprometan en dicha tarea.

Me apunto para ello. 

BIBLIOGRAFÍA


AUGÉ, Marc.
(1998). "Hacia una antropología de los mundos contemporáneos". Barcelona, Gedisa.

BOTELHO JUNQUEIRA, Eliane. 
(2002). "Los abogados populares. En busca de una identidad". En "El Otro Derecho" N° 26-27. Abril. ILSA: Bogotá. 

BOURDIEU, Pierre. 
(2000). "Elementos para una sociología del campo jurídico" en Bourdieu, Pierre y Teubner, Gunther. "La fuerza del Derecho". Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

COURTIS, Christian.
(2003). "Enseñanza jurídica y dogmática en el campo jurídico latinoamericano: apuntes acerca de un debate necesario" en AAVV. "Derecho y Sociedad en América Latina: Un debate sobre los estudios jurídicos críticos" Colección en Clave Sur. Bogotá: ILSA.

FOUCAULT, Michel.
(1999). "Estrategias de Poder". Obras esenciales. Volumen II. Barcelona: Ediciones Paidós.

GONZALES MANTILLA, Gorki.
(2008). "La enseñanza del Derecho o los molinos de viento. Cambios, resistencias y continuidades". Lima: Palestra Editores.

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(2000). "Teoría tradicional y teoría crítica". Barcelona: Paidós. 

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(2012). "La enseñanza del Derecho como forma de acción política"  Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

KUHN, Thomas.
(2003). "La estructura de las revoluciones científicas". México: Fondo de Cultura Económica. 

RUIZ, Alicia.
(2009). "Derecho, democracia y teorías críticas al fin del siglo" en AAVV. "Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho" . Buenos Aires: Eudeba. 

SAID, Edward.
(2008). "El Orientalismo". España. Debolsillo.

SOMMA, Alessandro.
(2006). "Introducción crítica al Derecho Comparado". Lima: ARA Editores. 

VERTIZ, Francisco.
(2013). "Los abogados populares y sus prácticas profesionales. Hacia una aplicación práctica de la crítica jurídica" En "Crítica Jurídica" N° 35. México.
 
WOLKMER, Carlos Antonio.
(2003). "Introducción al pensamiento jurídico crítico". Bogotá: ILSA.

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