Hacia el abolicionismo de la Criminología: Una reflexión crítica de su esencia epistemológica
Publicado : 2016-08-19

Marcos Galván Ramos
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de maestría en Criminología, con mención en Seguridad Humana en la Universidad para la Cooperación Internacional, Costa Rica y, en Sociología Jurídica Penal, en la Universidad de Barcelona, España. 

Parecen necesarias las restricciones conductuales de cada miembro de la sociedad para mantener una convivencia pacífica. La tolerancia de libertad absoluta implicaría un hábitat de agresión generalizado donde el afán simultáneo de satisfacer necesidades e intereses haría del humano un persecutor insaciable. La inexistencia de límites volcaría en la incidencia de daños interpersonales, inter-colectivos, o colectivo-personales con fines utilitaristas. Asimismo, ante un eventual conflicto, no habría razón para evadir la violencia vindicativa. La interacción social repleta de conflictos destructivos sería -al parecer- un escenario inevitable.

Bajo esta reflexión se elucubrará un modelo gubernamental de censura aflictiva compatible con las soluciones violentas a las que aspiraría el ser humano libre. Su alto contenido simbólico de disuasión y su aparente eficacia convendrían su instalación como medidas necesarias y útiles. Claro que, estructuralmente, el aparato no alcanzaría un régimen ordenado si no se sustentase en la monopolización del poder punitivo.

Como puede advertirse, la estrategia radica en un sistema de control que señala el margen prohibitivo de libertad según el cual el ser humano se ve impedido de realizar ciertas conductas. La delimitación de dicho margen responderá a determinados valores y orden social que son indefectiblemente establecidos desde el poder monopolizado. Más allá de los intereses concretos involucrados en un gobierno de turno, será la propia estructura jerarquizada de la organización social la que permitirá el direccionamiento del modelo de control.

En tal sentido, la verticalidad se asume como un presupuesto necesario para la imposición (eficaz) de un sistema social determinado, siendo la posición privilegiada el marco desde el cual se produciría su implementación. Este escenario queda expedito para establecer un régimen de distribución de bienestar, y estrategias para su legitimación y resguardo. De existir uno parcializado en favor de ciertos intereses y en desmedro de otros, ya sea mediante un modelo político, económico, cultural u otro, a él se corresponderá la construcción de un aparato de control social con miras a su consolidación.

Es precisamente en este último aspecto que el control punitivo evidencia su sentido político. Como expresión de poder gubernamental, en su seno se establecen los espacios de intervención y los hechos sociales que necesitarían abordaje prioritario, drástico y eficaz; a saber, aquellos que serán considerados crímenes. En este marco, a efectos de tener una cobertura de apariencia racional y limitada, se somete a un ordenamiento legal que regula de manera escrita sus ámbitos de criminalización (principio de legalidad).

La criminalización, en tal sentido, consiste en definir oficialmente la estigmatización cultural de una conducta, asignándole una medida de censura represiva o denigrante ante su comisión. Su naturaleza es innatamente aflictiva y retributiva, y busca generar un impacto psicosocial disuasivo (intimidación) que reproduzca permanentemente la idea de aversión frente a las conductas criminalizadas (culturización). 

Basta observar las sanciones que imponía el primer código penal francés (1791) para comprender la dimensión aflictiva del instrumento punitivo. Este ordenamiento señalaba en su artículo 1: "Las penas que serán pronunciadas por el jurado contra los acusados hallados culpables son la pena de muerte, los hierros, la reclusión en casa de fuerza, el presidio, la detención, la deportación, la degradación cívica, la picota". 

Definitivamente, la severidad descrita, por más que su justificación provenga de una elucubración filosófico-política de especial jerarquía (Hobbes), hace inevitable el cuestionamiento de la violencia como modelo de control. La dignidad del ser humano y la búsqueda de su bienestar como directrices fundamentales para la convivencia pacífica obligan a reflexionar sobre su legitimidad o necesidad.

Así, resulta controvertido que las reflexiones teóricas de control no hayan atendido al origen material del conflicto social (inacceso a productos y servicios, y/o a oportunidades que permitan generarlos) para luego fomentar mejores condiciones de convivencia y bienestar común; sino, por el contrario, hayan planteado la problemática desde la etiqueta de un ser humano conflictivo que acepta (y necesita) la agresión como relación social. 

Ello es aún más cuestionable si se advierte que la propia filosofía crítica de la violencia punitiva, a cargo del pensamiento penal iluminista, se conformó con la construcción de un aparato punitivo legalmente controlado frente "al humano agresivo", evadiendo denunciar que son los defectos estructurales de un modelo de exclusión social los que provocan permanentemente mayor convulsión. La legitimación implícita y la explicación teórica de su utilidad la señaló Beccaria (1958 [1764]) del siguiente modo:

"Las leyes son las condiciones bajo las cuales hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, hastiados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que resultaba inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar del resto con seguridad y tranquilidad. La suma de todas esas porciones de libertad sacrificados al bien de cada uno, constituye la soberanía de una nación, y el soberano es el depositario y administrador legítimo de ellas. Pero no bastaba con formar ese depósito, sino que había de defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en particular, que trata siempre, no sólo de sustraer del depósito su porción personal, sino de apoderarse también de la de los demás. Se necesitaban motivos sensibles, que bastasen para desviar el ánimo despótico de cada uno de los hombres de volver a sumergir en el antiguo caos las leyes de la sociedad. Esos motivos sensibles son las penas establecidas contra los infractores de las leyes" (p. 97).

Si las condiciones precarias se corresponden con una existencia imposibilitada de satisfacción de necesidades, y ello naturalmente redunda en expresiones, muchas veces agresivas, de frustración social (rebeldía, violencia, discriminación, desconfianza, alienación, prejuicio, etc.), el enfoque político (teórico-práctico) más responsable, idóneo y ético debería priorizar en la generación de una estructura de relaciones sociales que neutralice esos vacíos de inacceso al bienestar para reducir el índice conflictivo de la convivencia. 

Desconocer dicho diagnóstico social, apostando directamente por la fundamentación del control punitivo, denota un sentido de dominación y represión funcional a una determinada estructura social con sus propios orden y sistema de valores. De esta manera, esta interpretación limitada de la problemática sobreexpone únicamente la nocividad de las conductas criminalizadas, extendiendo el estigma hacia los sujetos que las perpetran. A saber, a partir del ocultamiento de los reales núcleos de convulsión, instaura un sentimiento de rechazo social. La sociedad se asume dividida, y se generaliza la defensa social como ideología que diferencia conciudadanos de enemigos sociales.

Esta lógica de gobierno se manifiesta en el direccionamiento de la criminalización. Cómo y qué criminalizar se transforman en estrategias determinantes que dan forma a los fines de control social. La potestad de castigo institucional se conecta con los intereses del sistema social que es mantenido desde el poder, adoptando un sentido que garantice su conservación y justificación. La estructura vigente de las relaciones sociales es promovida desde el aparato de control penal.

En primer término, el poder punitivo busca legitimarse con una apariencia de humanismo y utilidad. Para ello asume una trayectoria de refinamiento sobre las sanciones aflictivas que lo caracterizan. A lo largo del tiempo se van proscribiendo estratégicamente las medidas como la pena capital, las torturas públicas, las agresiones corporales, entre otras (Vid. Foucault, 2009 [1975], p. 93 y ss.). Asimismo, la ejecución de las medidas comienza a respaldarse desde un discurso benefactor. El régimen disciplinante y la tortura innata del encierro desaparecen de la explicación teórica, para refugiarse en justificaciones como la resocialización, la educación, la capacitación laboral o el tratamiento terapéutico.

En segundo término y en el mismo sentido, se muestra sumamente particular la asignación de naturaleza penal a sanciones como el pago pecuniario o la inhabilitación, pues son evidentemente ajenas a la aflicción que caracteriza al ius puniendi. Lo mismo ocurre con medidas como el servicio comunitario, las asesorías conductuales semanales, el seguimiento electrónico o las sanciones empresariales, al flexibilizar aquella severidad.

Al respecto, debe señalarse que la adopción de estas sanciones materialmente "no aflictivas" no se realiza en el marco de mecanismos alternativos de control (soluciones comunales, espacios administrativos, medios conciliatorios, etc.) que intentan abordar con métodos propios diversos conflictos que fueron criminalizados, sino que se insertan en el mismo universo criminalizador, promoviendo cultural y simbólicamente que es imprescindible regular las sanciones desde el propio espacio de castigo. Este escenario promueve el aparato punitivo, genera un semblante de dosificación, y oculta su real dimensión aflictiva.

Otro aspecto de suma relevancia es el referido a la definición de los espacios de libertad prohibidos desde la criminalización. Al encontrarse condicionada a los márgenes de bienestar o malestar que impone el sistema social y los intereses que lo promueven, su cobertura regulativa se va a parcializar sobre hechos hegemónicamente construidos como nocivos. Es decir, al responder al poder establecido se encontrará impedida de agendar el estigma sobre fenómenos graves que forman parte del propio sistema social que resguarda. Si éste se sustenta en la desigualdad social, la promoción de la pobreza, el monopolio económico, la manipulación de la opinión pública, el tráfico de instrumentos destructivos, entre otros fenómenos dañinos, a pesar de tolerarlos, estos escenarios no serán abarcados por la censura social de la criminalización. Lo criminal es definido desde el poder.

Frente a ello no puede pasar desapercibida la presencia de la Criminología como el sector de conocimiento cuya construcción asigna realidad ontológica a las conductas jurídico-penalmente tipificadas en los ordenamientos legales (Vid. Baratta: 1986, p. 31). Su tecnificación consiste en hipostasiar la criminalidad al encargarse de su explicación, contribuyendo al objetivo político de intervenir de manera exclusiva aquello que es construido hegemónicamente como nocivo en los códigos penales.

La Criminología, de este modo, se convierte en un instrumento político que parcializa la censura. Al encontrarse supeditada al estudio de lo definido como criminal desde el poder establecido y su sistema de valores, es capaz de ocultar fenómenos de mucha mayor gravedad, pero que la organicidad política no está dispuesta a estigmatizar. Este argumento, consideramos, puede servir para plantear la desaparición de la Criminología como parcela epistemológica, y apostar porque sean las Ciencias Sociales tradicionales las encargadas de estudiar los fenómenos que producen grave daño social (p. e. Sociología de la violencia).


BIBLIOGRAFÍA

FOUCAULT, M. (2009 [1975]). "Vigilar y castigar", nacimiento de la prisión. México D. F.: Siglo XXI.

BARATTA, A. (1986). "Criminología crítica y crítica del Derecho Penal". Traducción de Álvaro Búnster. México: Siglo veintiuno editores.

BECCARIA, Cesare. (1958 [1764]). "De los delitos y de las penas". Traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Edin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa- América.

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