Pueblos indígenas y libre determinación. Pensando más allá de los textos
Publicado : 2017-03-04

Daniel Quiñonez Oré
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de maestría en Antropología en la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la referida universidad. 

Hace casi dos meses acabé de leer una etnografía del antropólogo danés Billie Larsen, editada por el Instituto de Estudios Peruanos, titulada Derechos indígenas, gobernanza ambiental y recursos en la Amazonía peruana: Hacia una antropología de la posfrontera. Esta etnografía llamó mi atención, puesto que versa sobre gobernanza y derecho indígena sustentando su posición en el trabajo de campo desarrollado en la selva central. Dicha etnografía desarrolló la temática propuesta a partir de la interacción entre las comunidades indígenas de la selva central y las industrias petroleras, cuyo auge en nuestro país se ha venido incrementado con el devenir de los años.

La interacción expuesta en el libro en mención toca aristas bastante importantes dentro de los derechos de los pueblos indígenas, siendo particularmente relevante el derecho a la libre determinación, evidenciada mediante la agencia que dichas comunidades vienen desplegando en el manejo de sus recursos y territorios. Una de las citas que llamó poderosamente mi atención es la siguiente:

"El desarrollo local, la consulta y la autonomía estaban dentro de las geografías petroleras de la posfrontera, no en oposición radical. Tanto los líderes indígenas como los representantes de la compañía destacaron que cada comunidad definiría los términos de sus acuerdos y "contratos", el sacrosanto pilar de la economía libre de mercado. La autonomía residual y vacía de contenido dejaba a los indígenas "decidir" como usar los fondos de compensación, el acceso al empleo, o los mecanismos de monitoreo. Era asombroso ver como la política de la identidad y las reivindicaciones de autonomía frente a la interferencia del Estado se adaptaban convenientemente a las prácticas neoliberales con el fin de lograr acuerdos viables para las compañías petroleras. Crear visiones alternativas de desarrollo, embarcándose, incluso, en ámbitos estatales de ciudadanía y bienestar social, fueron las estrategias principales de las petroleras.  La experiencia no es única". (Bille Larsen: 2016, 195). 

La cita expuesta brinda una mirada distinta a la que tradicionalmente se presenta en materia de pueblos indígenas en torno al derecho a la libre determinación. Una mirada que rebasa el plano formal y se enfoca en las dinámicas sociales que se presentan al momento de la aplicación y análisis de este Derecho. En efecto, lo novedoso de la descripción efectuada es que la reivindicación reflejada en la libre determinación ha significado, en algunas ocasiones, que las industrias extractivas se amolden a este escenario, obteniendo provechosos recursos y ganancias.

A efectos de entender la idea del autor y sustentar por qué va más allá del plano formal, corresponde presentar de manera concisa y clara el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos informes y sentencias ha reconocido que los pueblos indígenas cuentan con el derecho a la libre determinación; máximas y extractos de sentencias como las siguientes expresan de mejor manera la idea:

"La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. El Convenio 169 de la OIT también reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico "dentro del marco de los Estados en que viven". Existe una relación directa entre la libre determinación y los derechos sobre la tierra y los recursos naturales". (Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 2009, 72).

"(...) el Comité DESC, ha señalado que, en virtud del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas conforme a dicho artículo 1, los pueblos podrán "provee[r] a su desarrollo económico, social y cultural" y pueden "disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales" para que no se los prive de "sus propios medios de subsistencia". Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce expresamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, en virtud al cual "determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural". Por su parte, el Convenio 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a controlar sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico dentro del marco de los Estados en que viven. A ello se suman pronunciamientos de los mecanismos de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas y otras declaraciones en que se ha reconocido este derecho". (Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 2016, 124).

Como se puede apreciar, diversos instrumentos internacionales han determinado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el cual se sustenta en el respeto a la forma de su organización así como al irrestricto respeto de sus territorios. En virtud de este derecho, los pueblos indígenas son libres de decidir, conforme a su organización y costumbres, la mejor manera en la que pueden disponer de sus recursos. Este derecho, al igual de los demás derechos normados en los instrumentos internacionales, fueron pensados para proteger y delimitar la constante invasión que el Estado y las expresas extractivas venían cometiendo durante mucho tiempo en territorios indígenas. 

Nuestra historia republicana es testigo de diversos abusos que se cometieron en contra de los pueblos indígenas, tanto en la sierra como en la selva, siendo en esta última región en donde podemos encontrar los relatos más extraordinarios y espeluznantes sobre la situación de desprotección total que vivían estas comunidades (Casement: 2013). En virtud a dicha situación, la comunidad jurídica internacional comenzó a preocuparse por el bienestar y desarrollo de estos pueblos, considerando que su protección debe ser de carácter especial, teniendo en cuenta su cultura y organización. El respeto a la identidad indígena, implica por ende, respeto a su forma de organización y distribución del  territorio. En base a ello, se estableció el derecho a la libre determinación, el cual ha sido reconocido, como hemos podido apreciar, por instancias internacionales, así como por nuestro Derecho nacional. 

En atención a lo mencionado, está claro desde el plano jurídico formal que los pueblos indígenas cuentan con el derecho a la libre determinación, el cual es constantemente mencionado en las distintas plataformas de lucha que, con justa razón, enarbolan estos pueblos. No obstante lo mencionado, cabría preguntar ¿Cómo viene funcionando este derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en sus relaciones con las industrias extractivas? ¿Cuáles son las dinámicas sociales que se vienen presentando en el ejercicio de este derecho?

La etnografía que citamos al inicio de este post advierte que el derecho a la libre determinación si bien ha significado una reivindicación justa en favor de los pueblos indígenas, ha sido aprovechada por la lógica capitalista de las industrias extractivas, quienes reconocen este derecho y se adaptan a su ejercicio. El autor advierte que el discurso de la posfrontera en la Amazonía peruana ha significado el reconocimiento de los actores sociales en las políticas y en el desarrollo de sus territorios, a diferencia de lo que se conocía como el discurso de frontera, en el cual la Amazonía era vista como un territorio baldío, en el cual los pueblos indígenas no eran vistos como sujetos colectivos con capacidad de decisión sobre su desarrollo. En palabras del autor "las narrativas de frontera "abren" áreas, mientras que, sobre el papel las de la posfrontera las cierran" (Bille Larsen: 2016, 86).

En la narrativa de la posfrontera actual contamos con mayor protección y reconocimiento a favor de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra el derecho a la libre determinación. No obstante ello, si bien se reconoce autonomía hacia los pueblos indígenas, esta en el campo ha sido aprovechada por actores interesados en obtener beneficios. Lo señalado por Billie Larsen al respecto, resulta relevante:

"En el siglo XXI, la responsabilidad social corporativa y las medidas de salvaguarda han pasado a ser mecanismos estándar de la posfrontera y han profesionalizado el ámbito de la intervención industrial. Está ampliamente reconocido que hacer las cosas como siempre se han hecho, basándose solamente en concesiones y permisos para operar, ya no es una opción. A este respecto, la posfrontera implica el paso de la confrontación directa con el poder a las negociaciones sobre la forma y el contenido de los instrumentos mediadores supuestamente "neutrales", como las evaluaciones de impactos y la firma de acuerdos (...) En todo el mundo, las prácticas corporativas  son cada vez más profesionales en lo referente a asegurarse "los permisos sociales", reemplazado los ámbitos de acción del Estado y orquestando relaciones positivas con comunidades, los acuerdos negociados han pasado a formar parte de los instrumentos de gestión empleados por las industrias extractivas  y los gobiernos en territorios indígenas" (Bille Larsen:  2016, 196).

Lo señalado anteriormente revela una realidad que en campo se viene presentado. En efecto, contamos con mayores mecanismos de protección hacia los pueblos indígenas, existen instrumentos nacionales e internacionales que le otorgan una característica jurídica especial; no obstante, estos derechos no cuentan con mecanismos de protección efectiva que coadyuven a estos pueblos a obtener adecuados y mayores beneficios. Ejemplo de lo señalado constituyen los distintos acuerdos, que en el marco de la gestión y responsabilidad social aplicadas por las empresas extractivas, resultan en la mayoría de los casos inequitativos para los intereses de los pueblos indígenas. 

Pagos por derecho de servidumbre, contratación de mano de obra indígena, transferencia de tecnología, derechos de paso, adquisición de terrenos indígenas, entre otros acuerdos, son constantemente negociados entre los pueblos indígenas y las industrias extractivas, los cuales teóricamente deberían ser estipulados en los instrumentos de gestión ambiental a efectos de ser debidamente fiscalizados. No obstante, según podemos apreciar en el informe emitido por la Defensoría del Pueblo (2016:28), dichos compromisos no han sido fiscalizados por la institución competente para ello (El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA), debido a que "se detectaron obligaciones socioambientales no claras y con contenido genérico".

Ni qué decir de aquellos acuerdos que se realizan al margen de los consignados en los instrumentos de gestión social; nos referimos a aquellos que se realizan en base a la denominada "responsabilidad social", ejecutados en negociaciones directas, sin lugar a fiscalización alguna. 

Una aplicación práctica de lo hasta ahora descrito, se presenta en la etnografía de Billie Larsen, que en las conclusiones de su trabajo de campo manifiesta lo siguiente:

"El caso pone de manifiesto cómo el establecimiento del derecho a reconocer, garantizar o restaurar la dignidad humana puede, de hecho, consolidar las desigualdades y la discriminación. Cuando se establecieron los derechos para permitir a los pueblos indígenas afrontar, o más bien transformar, las situaciones coloniales, las asimetrías en juego eran evidentes. En el Palcazú, los derechos indígenas y el discurso neoliberal parecían ir de la mano a la hora de destacar la lección libre y negociada de las comunidades autónomas. Un Estado con poderes mínimos se fue quedando al margen, haciendo cumplir solo los derechos de propiedad, especialmente los relacionados con el contrato de concesión. Desde cierta perspectiva, el petróleo en la Amazonía peruana encarnaba una mezcla de fuerza y consentimiento, el verdadero núcleo del concepto de hegemonía de Gramsci" (Bille Larsen: 2016, 196-197).

Lo descrito hasta el momento nos presenta un diagnóstico bastante interesante de que lo sucede in situ, al margen de los instrumentos jurídicos formales que se presentan asiduamente en el discurso jurídico, en aras de reconocer la protección que jurídicamente ostentan los pueblos indígenas, se hace más que necesario corroborar en campo que estos instrumentos de protección jurídica sean verdaderos aliados en situaciones en las que prima la existencia de relaciones desiguales con una marcada asimetría en el manejo y administración de información y recursos.

En el actual contexto económico social, en el cual el capital viene siendo acumulado en perjuicio de la desposesión de territorios indígenas y de poblaciones vulnerables (Harvey: 2007), es necesario estar atento y vigilantes, siendo necesario no solo enfocar nuestra atención hacia los mecanismos jurídico formales existentes, sino a las dinámicas sociales que se encuentran sucediendo en campo. 

BIBLIOAGRAFÍA

BILLE LARSEN, Peter. 
(2016) Derechos indígenas, gobernanza ambiental y recursos en la Amazonía peruana: Hacia una antropología de la posfrontera. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

CASEMENT, Roger.
(2013). Diario del Amazonas. Lima: Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
(2009). Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA documentos oficiales.
(2015) Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. OEA documentos oficiales.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
(2016) El camino hacia proyectos de inversión sostenibles: Balance de la evaluación del impacto ambiental en el Perú.  Serie Informes de Adjuntía.  Informe Nº 006-2016-DP/AMASPPI.MA.

HARVEY, David.
(2007). El nuevo imperialismo. Ediciones Akal S.A. 





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