Pamela Andrés del Castillo
Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembra del Círculo de Derechos Humanos de la misma universidad.
«Tienes que entender
que nadie pone a sus hijos en un barco
a no ser que el agua sea más segura que la tierra».
Poema «Home» de Warsan Shire
Tras tres días de viaje, el domingo llegó a Valencia (España) la flotilla del Aquarius, el cual junto a dos barcos militares italianos más, albergaba a 630 personas migrantes salvadas de morir ahogadas en la costa libia gracias a la acción de diversas ONGs (1). Su llegada a España fue una respuesta de dicho gobierno frente a la negativa de recibirlas por parte de Italia y Malta, países cuyos puertos son más cercanos. A pesar de encontrarse ahora en suelo firme, la lucha que estas personas deben seguir por el reconocimiento total de sus derechos aún empieza.
En otro lado del mundo, desde abril pasado la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha dispuesto el inicio de una política de «cero tolerancia» a la migración irregular bajo la cual las diversas oficinas de abogados de las fronteras se encuentran obligadas a procesar penalmente a todas aquellas personas que entran al país sin autorización (2). Como efecto de lo anterior, numerosas familias fueron separadas al ser los padres y madres detenidos y las niñas, niños y adolescentes derivados a la Oficina de Reubicación de Refugiados a fin de ser entregados a un patrocinador adulto en Estados Unidos, una familia de acogida, o ser ubicados en un refugio (3).  Si bien recientemente la administración Trump dio un paso atrás en esta política de «separación de familias» (4), es evidente que el efecto disuasorio que buscaba generar en las personas migrantes era más que perverso.
Pese a que diversos tratados internacionales de derechos humanos en el mundo consagran la obligación de todos los Estados de respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, en la práctica ello dista en la práctica de ser así. En efecto, los dos ejemplos anteriormente señalados nos demuestran que cada vez más países conciben a los grandes desplazamientos migratorios que llegan a sus fronteras como problemas de «seguridad pública» disponiendo la detención, interceptación y devolución de personas migrantes.
A fin de cambiar la concepción anterior, en primer lugar, es necesario reconocer que la gran desigualdad en la satisfacción de derechos que existe entre los ciudadanos de los «países ricos» y  «países pobres» genera que miles de personas se vean impelidas a migrar a fin de satisfacer sus necesidades básicas (5). El fenómeno anterior es aún más dramático cuando estas personas buscan salvar su vida o integridad al tratar de escapar de cualquier manera de aquel contexto bélico o dañado por efecto del cambio climático que dificulta su supervivencia.
Así vistas las cosas, el hecho de construir vallas, emplear la violencia, separar familias,  utilizar la detención prolongada y realizar expulsiones colectivas no logra el cometido de disuadirlas de salir de sus países, sino más bien favorece la creación de mercados laborales clandestinos y  redes de tráfico ilícito de migrantes (6) que agudizan los problemas de movilidad humana. En ese sentido, las diferentes sociedades tienen una tarea primordial de entender que como comunidad global compartimos  una responsabilidad sobre la desigualdad existente en otras partes del mundo, más aún si nuestros gobiernos destinan acciones que ayudan o favorecen la creación de estas situaciones tales como la extracción indiscriminada de recursos naturales o la participación en distintos conflictos armados.
Sin embargo, esta preocupación no sólo debe estar centrada en asegurar la entrada de las personas migrantes a nuestros países, pues tampoco así estamos haciendo mucho. En efecto, tal como lo destaca el profesor Francisco Blanco Brotons, las personas migrantes se encuentran sometidas a incorporación adversa, es decir, se les ha impuesto relaciones en beneficios de otros (7). Como ejemplo de lo anterior, podemos destacar que la existencia de trabajadores migratorios en situación irregular ha sido aprovechada para emplearlos en condiciones de trabajo menos favorables y, a la vez, impedirles el acceso a los recursos judiciales para reclamar sus derechos ante el riesgo de una posible deportación (8).
Todo lo que ha sido expuesto exige que como comunidad internacional nos tomemos en serio el compromiso de haber adoptado el respeto de la dignidad de la persona como base para construir nuestros ordenamientos jurídicos nacionales como internacionales. En efecto, es en estos momentos difíciles donde debe quedar de lado el cálculo político y ponerse de relieve aquella cooperación que, tras la II Segunda Guerra Mundial, nos preciamos de haber construido.
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(1) Diario El País. Así te hemos contado el desembarco de la flotilla del «Aquarius» en Valencia. (16/06/18). https://politica.elpais.com/politica/2018/06/16/actualidad/1529167641_179038.html
(2) Diario El País. Estados Unidos endurece la represión contra los inmigrantes indocumentados. (08/06/18) https://elpais.com/internacional/2018/06/08/estados_unidos/1528411126_934551.html?rel=mas?rel=mas.
(3) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nota de Prensa «CIDH expresa preocupación por las recientes políticas y medidas de migración y asilo de Estados Unidos». (18/06/18). http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/130.asp
(4) Diario El País. Trump rectifica y firma una orden para frenar la separación de niños y familias migrantes sin papeles. (20/06/18)  https://elpais.com/internacional/2018/06/20/actualidad/1529510448_365651.html
(5) Juan Carlos Velasco. «Fronteras y desigualdades globales». http://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2017/05/30/132633
(6) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. (A/72/173). Párrs. 29 y 30 .https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/220/96/PDF/N1722096.pdf?OpenElement
(7) Francisco Blanco Brotons. «Formas injustas de incorporación de inmigrantes». http://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2017/12/20/132647
(8) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva N° 18 «Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados», párr. 159.