Publicado el 16/04/2020

Mar Daza

Educadora popular feminista e investigadora activista, con estudios en sociología y economía. Con experiencia acompañando organizaciones comunales y de mujeres bajo enclaves extractivistas. Integrante de Colectivo Mirada Críticas al Territorio desde el Feminismo, Eco-razonar, Comuna Ventura Ccalamaqui.y de RAMALC (Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe)

Rosario Grados

Bachiller en Ciencia Política y Egresada de la Maestría en Género y Desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becaria de la Making Gobal Fair de la Universidad de Kassel, Alemania. Miembra del Grupo Economía Feminista de la Red Fesfeminismo de América Latina, Comuna Ventura Ccalamaqui.y de RAMALC (Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe)

REFLEXIONES SOBRE MILITARIZACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

Texto sobre acápite Perú del informe sobre COVID-19 y militarismos de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe- RAMALC

 La pandemia por la COVID-19 ha develado diversos tipos de prácticas y formas en las que las sociedades enfrentan estas coyunturas y, también cómo se ejerce el poder bajo los argumentos de protección para la seguridad y salud en nuestros territorios. Día a día vemos diferentes expresiones que van desde la solidaridad entre las personas y pueblos para enfrentar la crisis hasta actitudes fascistas como las de Trump o Bolsonaro. Deteniéndonos en estos últimos, observamos cómo inicialmente negaron la pandemia y con ello demoraron en la reacción para contenerla, luego afianzaron medidas privatistas que afectan el acceso universal del sistema de salud, poniendo en situación de mayor riesgo a clases precarizadas y migrantes Todo ello sin dejar de hacer pactos de apoyo mutuo a nivel comercial, político y militar, para expandir sus dominios sobre Latinoamérica.

En el Perú esta crisis ha generado un conjunto de reacciones que han variado en el tiempo. A inicios de año, la COVID-19 parecía lejana, de otros lados del mundo y tratada como un acontecimiento exótico dadas las primeras explicaciones prejuiciadas del origen del virus en China. Cuando el virus fue propagándose en todo el territorio chino y luego por su economía hiperglobalizada al resto del mundo, la situación cambió. Con la propagación del virus hacia Europa (como su nuevo núcleo de contagio), principalmente Italia y España, la negación pasó a una preocupación más concreta. El imaginario colonial desexotizó el virus y lo colocó a nivel de enfermedad real, «si era posible que se virilizara en países desarrollados también podría pasar en los territorios como el nuestro”, muchos pensaron.

¿Cómo vivimos la llegada de la COVID-19 en Perú?

 El primer caso de COVID-19 en Perú fue registrado en un joven de clase media que regresó de un viaje a Europa. Al darse a conocer el caso, se encendió la preocupación general de la población y de autoridades, la cual progresivamente se convirtió en temor y miedo, de esos que inmoviliza, que fragiliza a la gente rápidamente debido a su alta incertidumbre. Son esos temores los más útiles para legitimar modos extraordinarios de gobierno, quienes bajo el pretexto de enfrentar una crisis como esta con el fin salvaguardar vidas, vienen instalando modelos de «gobierno en guerra» para orientar sus medidas de control y contención y, por ello persuaden a la población de que la “seguridad y protección” (con instrumentos armados) es superior y más efectiva que a la garantía de derechos humanos y la dignidad de las personas.

El gobernar en guerra busca eliminar cualquier factor disturbador que no cumpla con las medidas impuestas por el gobierno, acompañado siempre de discursos populistas. Esto ha calado hoy, debido, entre otras razones, a la remoción de memorias recientes del conflicto armado interno, la cual ha dejado en la gente una falsa certeza de que la seguridad y salvación ante lo peligroso e incierto se hallará en la capacidad de la respuesta militar y en la militarización de la sociedad.

La militarización de la población civil

Siguiendo manuales militares (de las que ofrecen y entrenan desde la embajada de EEUU, por ejemplo) para el abordaje de crisis (sociales, ambientales o sanitarias), el gobierno ha desplegado diferentes acciones de control social para neutralizar los efectos del virus.

La gestión de la crisis ha generado el despliegue de  estrategias para el sometimiento de la sociedad a dinámicas de organización militar que incluyen control territorial, de las prácticas sociales, restricción de derechos, vigilancia y control de información, y manejo del imaginario colectivo reinstalando y popularizando principios como el  de la “mano dura”, “del combate contra el enemigo (siendo este el mismo ciudadano) por la patria»(que en concreto son los intereses de las clases pudientes, políticas, corporativas y sus capitales en juego),  a través de la infalible disciplina militar.

En esa lógica, el 16 de marzo el gobierno peruano decretó «estado de emergencia» y la medida del aislamiento social obligatorio. Luego instauró el toque de queda restringiendo aún más los derechos y poniendo más militares al mando y en las calles.

En estos días el país vive una vigilancia extrema y la obligatoriedad del cumplimiento del mandato policial y militar, hecho que ha propiciado un gran número de casos de abusos. Uno de ellos es el perpetrado por el Capitán Cueva, inmersión que además fue grabada como hazaña y ha develado el ethos militar en la necesidad de construcción de un enemigo y de la polarización para el ejercicio de sus actividades. En el video se puede apreciar al Capitán abofeteando varias veces y humillando a un joven que habría incumplido el toque de queda. Durante la agresión, el militar menciona lo siguiente: “o son los delincuentes o es la gente”, creando un estereotipo «del otro» a quien se combate. Días más adelante se sabría que el joven torturado era un trabajador precarizado que vestía de payaso y vendía golosinas en los autobuses. Este video, no otro donde aparecían jóvenes que también circulaba, se viralizó consiguiendo un efecto pedagógico muy grande al aleccionar quién es ese «otro» contra quien todo el país «combate». En un país que no ha superado las secuelas de una guerra interna de carácter clasista y racista, «la hazaña» del Capitán Cueva explicitó que «el enemigo de la guerra» no es la pandemia, si no, es el delincuente, el pobre, el trabajador precarizado, probablemente hijo o nieto de migrantes, sujeto que por su condición es sospechoso de rebeldía y a quién hay que reducir y disciplinar.

Siendo claramente un abuso de autoridad, este suceso no fue rechazado por la gente, por el contrario, fue aplaudido y legitimado como ejemplo para todos los que se atrevan a desobedecer las órdenes. Tratando de entender dicha respuesta, se observa que la militarización en el Perú es un proceso en curso, simbiótico a la vida social, cultural, económica y política. Ese proceso no solo pasa por tener militares en las calles haciendo patrullaje en una coyuntura de crisis, ni por  una FFAA que no deja de recibir altos porcentajes del presupuesto nacional y que goza de un estatus de poder de facto, pasa por haber convertido en consciencia colectiva el imperioso deseo de sentir seguridad y protección militar en momentos de incertidumbres y temor ante peligros, deseo que a la vez neutraliza y secuestra respuestas de organización popular, solidaria y cooperativa, aquellas que ponen en el centro la vida y lo común y que es un peligro para este sistema de muerte y de control biopolítico.

Cuarentena sin abusos: la crisis la seguimos pagando los/las de abajo

Sabemos que las medidas de aislamiento y otras en esa línea son necesarias, pero sobre todo es necesario un aumento de inversión en el sistema de salud pública debilitada por el neoliberalismo, que ha impulsado el recorte del gasto público para expandir la privatización y priorizar la economía de mercado. No en vano han salido los sindicatos médicos a demandar mejores condiciones de trabajo, de infraestructura, contrato de personal calificado, etc y han sido reprimido por esas fuerzas del “orden”.

Asimismo, urgen medidas para el resguardo de los derechos labores y de las pensiones expuestas a la “discrecionalidad inversora” de las AFPs. La atención a millones de familias empobrecidas que no están logrando enfrentar el hambre debido a que sus trabajos son informales y sus economías de sobrevivencia. Es necesario también señalar, revalorar y reconocer los trabajos de cuidados en este tiempo de la pandemia, tanto en los hogares, las comunidades como los trabajos de servicio público (médicxs, enfermerxs, agriculturxs, comerciantes, quienes hacen la limpieza pública, etc), cuidados que en su mayoría está sostenido por el cuerpo de millones de mujeres en la primera línea enfrentando la enfermedad y asumiendo sus costos. Las medidas económicas siguen siendo insuficientes, sin embargo, se presentan como grandes soluciones. La crisis la están pagando las y los trabajadores, mientras los ricos y sus grandes capitales siguen resguardados por el gobierno y por otros poderes de facto como la CONFIEP con quienes recientemente lograron un pacto y por la cual se promulgo el Decreto de Urgencia 038-2020 que faculta a las empresas, sin ningún tipo de clasificación, a implementar la medida de suspensión perfecta de labores que supone que sobre todo las grandes empresas (que facturan más de 2300 UIT[1]), puedan suspender el vínculo laboral hasta por 90 días sin pago de salario, lo que dejaría en la total incertidumbre y despojo a miles de trabajadorxs.

 El gobierno «en guerra» y su coro

El gobierno diariamente informa de los casos y medidas frente a la crisis vírica, sale al mediodía acompañado de un coro de ministros y se ha convertido en un excelente comunicador, siempre adelantándose al clamor popular, con medidas paliativas que hagan agujeros a la olla de presión. Cuenta con cobertura nacional y reafirma día a día la necesidad y reconocimiento del personal esencial, donde como prioridad, sin duda, están las fuerzas armadas y policiales.

En un programa cotidiano tenemos al presidente al centro, quien lee un informe sobre la situación y luego funge de moderador ante las preguntas de la prensa. Suele dar la palabra a dos de los ministerios más solicitados: al de Salud y Economía, casi siempre hay preguntas sobre el tema trabajo, pero la cartera brillaba por su ausencia hasta hace poco que se promulgó el decreto que establecía la modalidad de suspensión del vínculo laboral. Hasta hace unas semanas el tema trabajo parecía no importarle al presidente hasta el pedido de la CONFIEP que solicitaba condiciones más flexibles para soportar la crisis, en ese escenario la cartera vuelve al ruedo. Usualmente, en los anuncios más importantes está presente el Jefe del Comando Conjunto, quien lo respalda y en alguna ocasión, con voz emotiva pidió a los/las peruanas combatir contra el enemigo y ser una sola fuerza, entre otras frases que se convirtieron en mantras del coro mediático y cuyo efecto ha sido más adoctrinamiento y permisibilidad al abuso; “Estamos en guerra”, “todos somos combatientes”, “el ejército y la policía son los únicos que nos cuidan”, “el enemigo no pasará”, “sanción ejemplar para quiénes desobedezcan”, “todos están vigilados y todos vigilan”.

Habiendo generando condiciones legales, socioemocionales y culturales, bajo la figura de la “guerra”, Martín Vizcarra, presidente del Perú, no dudo en emitir el 15 de marzo el D.S. Nº 003-2020-DE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, norma que abrió la puerta para un posible uso desproporcionado o arbitrario de su fuerza afectando la vida e integridad, dado que por formación las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la protección de los civiles.

Días después, el 28 de marzo el Congreso de la República promulgó la Ley 31012, Ley de Protección Especial y que se le ha denominado Ley gatillo fácil pues exime de responsabilidad penal al personal de la PNP y las FFAA que hagan uso letal de sus armas durante sus acciones. Esta ley además de ser inconstitucional, es permanente pues plantea una modificación del código penal, no es una norma en contexto de excepción, se implementa de ahora en adelante y se usará para abordar todo conflictos social y crisis que vendrán. La cuarentena es el pretexto.

Conclusiones

El llamado distanciamiento social que viene siendo promovido y va de la mano con el individualismo, la vigilancia extrema, con la idea de que la autoridad no se cuestiona más la institucionalidad de la impunidad, corre el riesgo de quedar como saldo de esta coyuntura la cual será capitalizada para ejecutar una economía y política post crisis más salvaje y fascista de la que tenemos ahora.

El panorama es complejo, y por lo mismo las salidas son múltiples. Esperamos que en el camino se fortalezcan salidas antisistémicas que fisuren al poder, y particularmente dentro de él, al militarismo y el clasismo tan arraigado en nuestra región. La crisis vírica está ofreciéndonos la oportunidad de evidenciar las perversidades de la hegemonía que nos gobierna, de sus discursos, estructuras, prácticas y hasta de sus teologías, para potenciar la fuerza colectiva que las transformará, no obstante, que ello suceda solo dependerá de nosotros/as, de la capacidad organizativa que tengamos y del depliegue de creatividad para plantear y seguir creando otros mundos posibles.

[1] Valor de la UIT: 4300 soles