Publicado el 09 de mayo de 2020

Vulnerabilidad extrema. Pobreza y discapacidad en tiempos de pandemia

Paul Abanto Merino

Abogado y Sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. MSc en Derecho Comparado, Economía y Finanzas por la Universidad de Turín/IUC Torino. Candidato a Magister en Gestión de la Inversión Social por la Universidad del Pacífico. Correo:  abantopaul@derechocritico.com

Sumilla: Se suele hablar del derecho de las personas en situación de vulnerabilidad y su situación en los tiempos de crisis económica y la pandemia. De este grupo, existe un grupo de personas en particular que tienen un grado de vulnerabilidad mayor: las personas con discapacidad. Si para este grupo, incluimos otra vulnerabilidad como la pobreza, se conjugan dos tipos de vulnerabilidades que pueden ir sumándose (o multiplicándose) a otras (como las relacionadas a la edad, género, étnica u otras) y que implicarían condiciones extremas de vulnerabilidad. Si a ello le sumamos el contexto de la pandemia, tenemos un conjunto de circunstancias que trataremos de evaluar en este post.

La vulnerabilidad y las personas con discapacidad.

La vulnerabilidad es entendida como un estado de riesgo por condiciones de origen étnico, edad, género, estado civil u otro que pueden tener las personas y esta situación impide su desarrollo social y el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos que puedan ser proveídos por los servicios del Estado.

Las personas con discapacidad, de acuerdo con el Informe Mundial de la Discapacidad del año 2011 se estima que son un 15% de la población mundial, es decir unos mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad.

En América Latina, al menos son 85 millones las personas que presentan alguna discapacidad y, en nuestro país, de acuerdo con los datos del censo del año 2017 un 10.4 % de la población presenta alguna discapacidad. De este porcentaje, más del 85 % de la población con discapacidad es mayor de edad, mientras que el 15 % es población menor de edad.

El modelo social de la discapacidad asumido en estos últimos tiempos, considera a la discapacidad como un problema social y deja de ver a la discapacidad como una enfermedad o una situación que implica una necesaria rehabilitación, que se caracteriza y asume tintes identitarios a partir de esa enfermedad. En ese sentido, el modelo social rompe con el paradigma de la enfermedad y señala que la discapacidad no parte de las deficiencias individuales sino de las deficiencias sociales para entender a la persona con discapacidad como parte de la sociedad. La sociedad en general, considera que todos somos ciudadanos y tenemos derecho a una vida digna, sin distinción alguna; sin embargo, esta misma sociedad debe comprender que hay un “otro” (persona con discapacidad) al cual debemos conocer y comprender con la finalidad de establecer relaciones sociales en base a principios de equidad.

En este contexto, la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios del Estado como la educación es importante; sin embargo, existe un 34.8 % de la población con discapacidad y mayor de 15 años que no cuenta con nivel educativo, es decir, no ha asistido a ningún nivel escolar, mientras que el 22 % de las personas con discapacidad cuenta con una cobertura de seguro. Por ello, consideramos que los servicios que otorga el Estado son escasos y no abarcan a la mayoría de este grupo vulnerable.

Un estudio del INEI del año 2018 sobre la caracterización de las condiciones de vida de las personas con discapacidad nos señala que el 22.8 % de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. Asimismo, el 45 % de las personas con discapacidad son parte de la Población Económicamente Activa y se estima que los ingresos promedio de una persona con discapacidad son de S/ 599.4 soles, mientras que los ingresos promedio de una persona que no tiene discapacidad alguna son de S/ 792.9 soles, lo que constituye ya una diferencia importante para las economías de las personas con discapacidad y sus familias.

Además, si consideramos el costo de la discapacidad, es decir cuánto gasta una persona o familia con al menos un miembro con discapacidad a diferencia de una persona o familia sin un miembro con discapacidad, tenemos algunos estudios como el realizado por Loyalka, Liu, Chen y Zheng (2014) en China que se enfoca en las personas con discapacidad visual, auditiva, del habla, física, intelectual y/o mental y que concluye que la discapacidad tiene un costo de 43,2 % más  en promedio para el caso de un adulto con discapacidad y 31.1 % más en promedio en el caso de algún niño con discapacidad. Asimismo, Braña y Anton (2011) en España miden el costo de la discapacidad mental crónica con limitación de actividad en los últimos seis meses (moderado o severo) y señalan que incrementa un 40% la renta del hogar de las personas con discapacidad moderada e incrementa en 70 % la renta de las personas con discapacidad severa.

Pobreza, discapacidad y pandemia. Una vulnerabilidad que se acrecienta.

Si bien hemos visto sólo un aspecto de las condiciones de vida de las personas con discapacidad (puesto que no hemos visto los mecanismos de exclusión del que son víctimas por la sociedad en el sentido del ejercicio pleno de sus derechos), la situación de este grupo ya es complicada, es decir, las vulnerabilidades por las que atraviesan no sólo pasan por el aspecto económico (uno de los más importantes, en donde se aprecia a la pobreza como causa y consecuencia de la discapacidad) sino por los ámbitos sociales, culturales, políticos, geográficos, entre otros.

Si a esta vulnerabilidad que padecen las personas con discapacidad le agregamos la vulnerabilidad en términos de pobreza, tenemos un individuo “doblemente” vulnerable, que constituiría una cifra no pequeña de aproximadamente un 2.1 % de la población con condiciones de vulnerabilidad extremas si consideramos aún más los espacios de pobreza extrema.

Además, si dentro del grupo de personas con discapacidad que son pobres, consideramos a los niños, niñas, mujeres, adultos mayores y otros, por su grado de vulnerabilidad, tenemos a personas con un conjunto de vulnerabilidades de distintos tipos, en donde muchas veces los episodios de violencia están presentes.

Ante la pandemia mundial y el confinamiento establecido por el gobierno para evitar un mayor contagio, todos nos encontramos en estado de alerta y hemos cambiado algunos hábitos frecuentes en nuestras vidas. Dentro de estas medidas no podemos contar con algunos servicios como los de salud (solamente emergencias), educación (empleada virtualmente) y otros servicios.

Ahora, pensemos en una persona con discapacidad que tiene la necesidad de acudir a servicios que le son indispensables para su desarrollo. Si solo pensamos en la educación no tenemos forma alguna de decir que la educación virtual está siendo inclusiva, si vamos por los tratamientos que tienen que recibir estas personas en los hospitales, la atención ha quedado en un segundo plano y, si vamos por el lado económico, el 44% de las personas con discapacidad que son jefes de hogar abastecen a sus hogares en una economía especialmente informal en la que muchos de ellos no reciben el ingreso mensual promedio que suelen tener. Es decir, estamos ante una o más condiciones de vulnerabilidad. Y, ante esto, ¿Qué hace el Estado?

Pandemia y personas con discapacidad.

El estado de la pandemia y las acciones de confinamiento social decretadas por los gobiernos obligan a las personas a tener conductas distintas que repercuten en el desarrollo de sus acciones cotidianas. En ese sentido, las personas con discapacidad también son afectadas por estas medidas (que son generales) y que no tiene regulaciones específicas para un grupo que sufre más las consecuencias de la pandemia.

¿Por qué las personas con discapacidad podrían sufrir más las consecuencias de las medidas de confinamiento social? Por ejemplo, si consideramos a un grupo como mujeres y niñas (de por sí vulnerables) con discapacidades, sus riesgos de protección aumentan aún más cuando se interrumpen los servicios que brinda el Estado para su protección, como servicios de salud infantil y materna, servicios de atención de salud sexual y reproductiva, asistencia legal y otros.

En el ámbito escolar, la paralización de las actividades escolares puede afectar la continuidad del aprendizaje y se evidencia que existe una reducción en la dotación del servicio que cubre necesidades básicas (por ejemplo, programas de alimentación tipo Qali Warma, que implica que no se abastezcan de alimentación a niños en edad escolar, el apoyo social, asistencia personal, acceso a dispositivos de asistencia y rehabilitación, entre otros). Esto puede conducir a impactos negativos en el bienestar físico y psicológico (p.e. incremento de la tasa de anemia en niños de zonas de pobreza), así como a un mayor riesgo en la protección infantil que incluye abuso, negligencia, explotación y violencia.

En el caso de las personas con discapacidad que se infectan con COVID-19, éstas pueden enfrentar mayores barreras para buscar y recibir atención médica. Debido a un sistema de salud con alta demanda y colapsado, puede surgir el riesgo que las personas con discapacidad no sean atendidas debido a las carencias de trasladarse o de recurrir al servicio médico (en el caso de personas en situación de pobreza) o que experimenten discriminación y negligencia por parte del personal de atención médica, en el caso que puedan tener acceso al servicio de salud. En ese sentido, es necesaria a priorización de su atención y no se les debe negar el tratamiento por discapacidad y/o edad.

En la fase de tratamiento de la enfermedad, deben de aplicarse los protocolos como el consentimiento informado para recibir atención médica y otros servicios, por ello, se deberían utilizar varios métodos de comunicación para permitir esto, como el lenguaje escrito, verbal y de señas. Esto implica que os planes de preparación y respuesta deben ser inclusivos y accesibles para todas las personas con discapacidad, siendo necesario que todos los trabajadores tengan suficiente capacitación sobre discapacidad y puedan brindar el apoyo con el conocimiento y las habilidades para la atención a adultos y niños con discapacidad.

Finalmente, ante la gravedad y las vulnerabilidades del grupo de personas con discapacidad, consideramos que el rol del Estado es brindar una respuesta efectiva para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en general y en especial de aquellos que pueden sufrir más vulnerabilidades como la condición de pobreza. Por ello, las necesidades y las actividades de evaluación y análisis de riesgos deben clasificarse por condiciones económicas, género, edad y diversidad, que incluye la discapacidad, y deben considerar el riesgo específico de exclusión y violación de los derechos de los pobres, adultos y niños con discapacidad.

Referencias

Braña, F. J. y Antón, J. I. (2011). Pobreza, discapacidad y dependencia en España. Papeles de Economía Española, (129), 14–25.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Perú: Caracterización de las Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2017.  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1591/libro.pdf

Loyalka, P., Liu, L., Chen, G. y Zheng, X. (2014). The Cost of Disability in China. Demography (51), 97–118. https://doi.org/10.1007/s13524-013-0272-7